La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del pasado 28.02.17, resolviendo el recurso 103/2016, admite que la mención “terrorismo empresarial” utilizada durante un conflicto laboral, es una expresión de injustificada dureza, pero reconoce que su uso ocupa un lugar común en la sociedad ya que se emplea habitualmente para descalificar determinadas actuaciones empresariales por sindicatos e incluso por partidos políticos.

En este caso la Sentencia 77/2017, de 31 de enero pasado, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo asume que, puesto que los trabajadores conocían la existencia de las cámaras en su lugar de trabajo y a pesar de que no habían sido informados de sus fines disciplinarios, las grabaciones –obtenidas por una cámara que enfocaba la caja registradora o Terminal Punto de Venta (TPV)- en las que se muestra como un empleado había manipulado tickets y hurtado diferentes cantidades de dinero son prueba suficiente para su despido disciplinario.

Importante cambio de criterio el que establece el Tribunal Supremo en su reciente sentencia del pasado 23.03.17 en Sala General.

Concretamente, el Pleno de la Sala de lo Social del Alto Tribunal ha establecido que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados, y sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, de acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

No cuestionada la procedencia del despido objetivo por causas económicas, y transcurrido con exceso el plazo de caducidad de la acción de despido, el trabajador reclamó una mayor indemnización en virtud de una cláusula de garantía otorgada por la empresa, que ahora niega su aplicabilidad por una revocación posterior.

La indemnización otorgada al despedido fue la de 20 días de salario por año, y sin embargo la cláusula litigiosa garantizaba al trabajador que en el supuesto de que durante los doce meses siguientes a su firma se extinguiese el contrato de trabajo a instancias del empleador por cualquier causa, salvo despido disciplinario procedente, se le abonaría en todo caso una indemnización neta por despido equivalente a 45 días de salario por año de servicio.

A la trabajadora demandante, que prestó servicios a tiempo parcial de 3 días semanales, se le reconoció una prestación contributiva por desempleo que se calculó aplicando un porcentaje parcial del 60% en lo referente a la cuantía. En desacuerdo con este cálculo, presentó demanda postulando el reconocimiento completo de los días de trabajo teóricos, no los correspondientes a la actividad a tiempo parcial aplicados y también solicitó la eliminación del porcentaje reductor por parcialidad del 60%, que fue íntegramente desestimada. El TSJ revocó la sentencia de instancia y reconoció el derecho a percibir la prestación por desempleo sin aplicación del porcentaje de reducción por parcialidad, extremo recurrido por el SPEE en el presente recurso de casación unificadora.